El Juzgado Notarial de Costa Rica ordenó este lunes al Registro Civil anular el primer matrimonio entre personas del mismo sexo que se inscribió en el país y la suspensión por 13 años del notario que llevó adelante el proceso, reseñó la agencia Efe.
El Juzgado Notarial suspendió del ejercicio notarial por 13 años al abogado y notario Marco Castillo, al considerar que utilizó datos falsos para registrar en 2015 el matrimonio de la costarricense Jazmín Elizondo y la española Laura Florez-Estrada.
La pareja se casó tras más de 10 años de convivencia y su matrimonio fue inscrito aprovechando que en los registros oficiales del país Elizondo aparecía como hombre.
En Costa Rica el matrimonio entre personas del mismo sexo será legal a partir de mayo de 2020 por orden de la Sala Constitucional, que en 2018 declaró inconstitucionales los artículos de las leyes que lo prohibían y dio un plazo de 18 meses para que oficialmente quedaran derogados.
El abogado Castillo, de 76 años de edad, dijo que apelará el fallo del Juzgado y que de no prosperar el trámite, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La resolución es "absolutamente contraria a los derechos humanos que ya están respaldados y definidos por la Sala Constitucional y por la Corte Interamericana, y por lo tanto es un fallo retrógrado, violatorio a los derechos de la diversidad sexual y de género", expresó Castillo.
El abogado aseguró que se trata de una persecución contra los notarios que han inscrito matrimonios del mismo sexo a espera de que entre en vigencia el matrimonio igualitario en mayo próximo.
Castillo recordó que el año pasado la Fiscalía desistió de acusarlo a él, a Elizondo y a Florez-Estrada y a otras personas que participaron en la inscripción del matrimonio.
En febrero de 2019 la Fiscalía solicitó un sobreseimiento, pues consideró que los hechos ya no eran delito tras el fallo de 2018 de la Sala Constitucional, que ordenó un plazo de 18 meses para la entrada en vigencia del matrimonio igualitario.
El Juzgado Penal de San José acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó el sobreseimiento de la causa.
Por esta razón, el abogado Castillo considera que el fallo del Juzgado Notarial, emitido por el juez Francis Porras, ante una denuncia del director ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado, Guillermo Sandí Baltodano, no se sostendrá tras la apelación que presentará.
"Pienso que este juez es homofóbico, me dio esa impresión por sus actuaciones. Ha mandado 9 notas y recursos ante la Judicatura y la Sala Constitucional diciendo que deben autorizar la objeción de conciencia" para quienes no quieran inscribir los matrimonios entre personas del mismo sexo, comentó Castillo.
En los últimos años Costa Rica ha logrado avances en derechos de la población LGBTI, como por ejemplo, permitir el cambio de nombre por identidad de género autopercibida y eliminar la indicación del sexo de nacimiento en las cédulas de identidad.
Otros avances han sido cambios en reglamentos para garantizar a las parejas del mismo sexo el seguro social familiar, la pensión por muerte de la pareja y las visitas hospitalarias.
El Juzgado Notarial suspendió del ejercicio notarial por 13 años al abogado y notario Marco Castillo, al considerar que utilizó datos falsos para registrar en 2015 el matrimonio de la costarricense Jazmín Elizondo y la española Laura Florez-Estrada.
La pareja se casó tras más de 10 años de convivencia y su matrimonio fue inscrito aprovechando que en los registros oficiales del país Elizondo aparecía como hombre.
En Costa Rica el matrimonio entre personas del mismo sexo será legal a partir de mayo de 2020 por orden de la Sala Constitucional, que en 2018 declaró inconstitucionales los artículos de las leyes que lo prohibían y dio un plazo de 18 meses para que oficialmente quedaran derogados.
El abogado Castillo, de 76 años de edad, dijo que apelará el fallo del Juzgado y que de no prosperar el trámite, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La resolución es "absolutamente contraria a los derechos humanos que ya están respaldados y definidos por la Sala Constitucional y por la Corte Interamericana, y por lo tanto es un fallo retrógrado, violatorio a los derechos de la diversidad sexual y de género", expresó Castillo.
El abogado aseguró que se trata de una persecución contra los notarios que han inscrito matrimonios del mismo sexo a espera de que entre en vigencia el matrimonio igualitario en mayo próximo.
Castillo recordó que el año pasado la Fiscalía desistió de acusarlo a él, a Elizondo y a Florez-Estrada y a otras personas que participaron en la inscripción del matrimonio.
En febrero de 2019 la Fiscalía solicitó un sobreseimiento, pues consideró que los hechos ya no eran delito tras el fallo de 2018 de la Sala Constitucional, que ordenó un plazo de 18 meses para la entrada en vigencia del matrimonio igualitario.
El Juzgado Penal de San José acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó el sobreseimiento de la causa.
Por esta razón, el abogado Castillo considera que el fallo del Juzgado Notarial, emitido por el juez Francis Porras, ante una denuncia del director ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado, Guillermo Sandí Baltodano, no se sostendrá tras la apelación que presentará.
"Pienso que este juez es homofóbico, me dio esa impresión por sus actuaciones. Ha mandado 9 notas y recursos ante la Judicatura y la Sala Constitucional diciendo que deben autorizar la objeción de conciencia" para quienes no quieran inscribir los matrimonios entre personas del mismo sexo, comentó Castillo.
En los últimos años Costa Rica ha logrado avances en derechos de la población LGBTI, como por ejemplo, permitir el cambio de nombre por identidad de género autopercibida y eliminar la indicación del sexo de nacimiento en las cédulas de identidad.
Otros avances han sido cambios en reglamentos para garantizar a las parejas del mismo sexo el seguro social familiar, la pensión por muerte de la pareja y las visitas hospitalarias.
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